La tensión entre la Municipalidad de Naranjo y el Gobierno Central escaló este fin de semana luego de que se ejecutara un operativo en el acueducto municipal con el respaldo de la Fuerza Pública y funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
El alcalde de Naranjo, Randall Vega, confirmó a CRHoy que se interpuso un amparo de legalidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, recurso con el que se pretende cuestionar la legalidad del accionar gubernamental. Este procedimiento no requiere audiencia y está diseñado para resolver disputas que, según la ley, deben ser resueltas en plazos establecidos.
“Considero que se violaron varios principios constitucionales: el principio del debido proceso; el principio de defensa y el principio de autonomía municipal”, aseguró Vega.
El operativo se llevó a cabo la mañana del sábado anterior con el objetivo de asegurar la conexión del proyecto habitacional La Esperanza. Sin embargo, ya existen recursos pendientes sobre el mismo caso en la Sala Constitucionaly el Tribunal Contencioso Administrativo.
Desde la Municipalidad se denunció que la intervención provocó daños en infraestructura local, como calles cantonales y el pavimento, y que se utilizó maquinaria no autorizada para conectar la nueva tubería al sistema municipal.
En sus redes sociales, el gobierno local calificó la acción del Ejecutivo como:
“Una grave violación a la autonomía municipal, al derecho constitucional, al debido proceso y al derecho de defensa”.
A pesar de las críticas, el AyA sostiene que actuó conforme a derecho. En un comunicado, la institución aseguró que la intervención estuvo “apegada a la norma” y respaldada por un estudio técnico que garantiza el suministro a los más de 12.000 habitantes del casco central del cantón.
La acción se produjo apenas dos días después de que la Junta Directiva del AyA emitiera una directriz al alcalde Vega para que realizara la interconexión, o bien, que lo hiciera directamente la institución.
Hasta ahora, ni el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, ni el AyA han dado explicaciones sobre el uso de la Fuerza Pública en la operación, pese a las consultas realizadas por la prensa.
El hecho ha generado reacciones en distintos sectores políticos. La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y varias diputadas de la zona de Occidente se han manifestado en contra del proceder del Gobierno.
“Creo que es una una muestra de matonismo del presidente (Chaves). Creo que sienta un precedente nunca antes visto, porque si bien el AyA puede tomar la administración de un acueducto municipal, eso lleva un proceso, no es así a la brava ni porque ellos dicen”, manifestó la diputada del Frente Amplio, Priscilla Vindas.
Por su parte, la diputada liberacionista Montserrat Ruiz cuestionó la centralización de las decisiones:
“La autonomía de los gobiernos locales no puede ser vulnerada por decisiones centralizadas que, lejos de dar soluciones sostenibles, generan conflicto y ponen en riesgo la confianza ciudadana en nuestras instituciones”.
Este nuevo capítulo se suma a un historial de fricciones entre el Ejecutivo y el alcalde Vega, quien en el pasado fue destituido por esta misma administración cuando ocupaba el cargo de viceministro de Seguridad. La disputa, ahora en sede judicial, abre un debate sobre los límites del poder central en relación con la autonomía municipal.
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